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CONSTITUCION POLITICA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1949 Y SUS REFORMAS
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Capítulo Unico
Artículo 2º;- La soberanía reside exclusivamente en la Nación. Artículo 3º;- Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria. Artículo 4º;- Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición. Artículo 5º;- El territorio nacional está comprendido
entre el mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas
de Nicaragua y Panamá.
Artículo 6º;- El Estado ejerce la soberanía
completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas
territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de
baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo
insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional.
Artículo 7º;- Los tratados públicos, los convenios
internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa,
tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos
designen, autoridad superior a las leyes.
Artículo 8º;- Los Estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales. Artículo 9º;- El Gobierno de la República
es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes
distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Artículo 10.- Corresponderá a una Sala especializada
de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus
miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de
los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en
esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria
de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás
que determine la ley.
a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley. b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional,
de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos
de ley, según se disponga en la ley.
Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública. Artículo 12.- Se proscribe el Ejército como institución
permanente.
TITULO II LOS COSTARRICENSES Capítulo Unico
1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de la República; 2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento, que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años; 3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años; 4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica. Artículo 14.- Son costarricenses por naturalización: 1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de leyes anteriores. 2) Los nacionales de otros países de Centroamérica, los españoles y los iberoamericanos por nacimiento que hayan residido oficialmente en el país durante cinco años como mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley. 3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan residido oficialmente en el país durante siete años como mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley. 4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio con costarricense pierda su nacionalidad. 5) La mujer extranjera que habiendo estado casada durante dos años con costarricense y habiendo residido en el país durante ese mismo período, manifieste su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense. 6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada
por la Asamblea Legislativa.
Artículo 15.- Quien solicite la naturalización
deberá: acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio
de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español,
someterse a un examen comprensivo de la historia del país y sus valores,
prometer que residirá en el territorio nacional de modo regular y jurar
que respetará el orden constitucional de la República.
Artículo 16.- La calidad de costarricense no se pierde
y es irrenunciable.
Artículo 17.- La adquisición de la nacionalidad
trasciende a los hijos menores de edad conforme a la reglamentación
establecida en la ley.
Artículo 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos TITULO III Capítulo Unico Artículo 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos
individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones
que esta Constitución y las leyes establecen.
TITULO IV
Capítulo Unico Artículo 20.- Todo hombre es libre en la República; no puede ser esclavo el que se halle bajo la protección de sus leyes. Artículo 21.- La vida humana es inviolable. Artículo 22.- Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país. Artículo 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley. Artículo 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad,
a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
Artículo 25.- Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. Artículo 26.- Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente
y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos
y examinar la conducta pública de los funcionarios.
Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido
por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja
la ley.
Artículo 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de
interés público.
Artículo 31.- El territorio de Costa Rica será asilo
para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal
se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país
donde fuere perseguido.
Artículo 32.- Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Artículo 33.- Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Artículo 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución. Artículo 36.- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Artículo 37.- Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas. Artículo 38.- Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda. Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino
por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de
sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida
al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración
de culpabilidad.
Artículo 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula. Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Artículo 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas
instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser
juzgado más de una vez por el mismo hecho punible.
Artículo 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente. Artículo 44.- Para que la incomunicación de una persona pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se requiere orden judicial; sólo podrá extenderse hasta por diez días consecutivos y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial. Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede
privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado,
previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo,
el pago correspondiente se hará a más tardar dos años
después de concluido el estado de emergencia.
Artículo 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter
particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace
o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.
Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley. Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de
hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y
al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos
consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter
fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de
competencia de la Sala indicada en el artículo 10.
Artículo 49.- Establécese la jurisdicción
contencioso-administrativa como atribución del Poder Judicial, con el
objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado,
de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.
TITULO V
Capítulo Unico Artículo 50.- El
Estado procurará el mayor
bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando
la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Artículo 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. Artículo 53.- Los padres tienen con sus hijos habidos
fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él.
Artículo 54.- Se prohíbe toda calificación personal sobre la naturaleza de la filiación. Artículo 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado. Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. Artículo 57.- Todo trabajador tendrá derecho a
un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada
normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre
igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.
Artículo 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley. Artículo 59.- Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca. Artículo 60.- Tanto los patronos como los trabajadores
podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y
conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.
Artículo 61.- Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia. Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. Artículo 63.- Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación. Artículo 64.- El Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Artículo 65.- El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador. Artículo 66.- Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. Artículo 67.- El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Artículo 68.- No podrá hacerse discriminación
respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses
y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.
Artículo 69.- Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos entre propietarios y aparceros. Artículo 70.- Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial. Artículo 71.- Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Artículo 72.- El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo. Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio
de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos
contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás
contingencias que la ley determine.
Artículo 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional. TITULO VI
Capítulo Unico Artículo 75.- La Religión Católica,
Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento,
sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no
se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.
TITULO VII
Capítulo Unico Artículo 76.- El español es el idioma oficial
de la Nación.
Artículo 77.- La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria. Artículo 78.- La educación preescolar y la general
básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en
el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación.
Artículo 79.- Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. Artículo 80.- La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley. Artículo 81.- La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la ley, presidido por el Ministro del ramo. Artículo 82.- El Estado proporcionará alimento y vestido a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley. Artículo 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Artículo 84.- La Universidad de Costa Rica es una institución
de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus
funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, así como para darse su organización y gobierno
propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria
del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad
jurídica que la Universidad de Costa Rica.
Artículo 85.- El Estado dotará de patrimonio propio
a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica,
a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas
propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además,
mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias-
un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal.
El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo
pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según
la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación
de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo
especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente,
otras mejoras que las sustituyan.
Artículo 86.- El Estado formará profesionales docentes
por medio de institutos especiales, de la Universidad de Costa Rica y de las
demás instituciones de educación superior universitaria.
Artículo 87.- La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria. Artículo 88.- Para la discusión y aprobación
de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de
la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación
superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea
Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o
al órgano director correspondiente de cada una de ellas.
Artículo 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. TITULO VIII
CAPITULO I
Artículo 91.- La ciudadanía sólo se suspende: 1) Por interdicción judicialmente declarada; 2) Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos. Artículo 92.- La ciudadanía se recobra en los casos y por los medios que determine la ley. CAPITULO II
Artículo 93.- El sufragio es función cívica
primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación
directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
Artículo 94.- El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva. Artículo 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios: 1) Autonomía de la función electoral; 2) Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio; 3) Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas; 4) Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho; 5) Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por ley para tal efecto; 6) Garantías de representación para las minorías. 7) Garantías de pluralismo político; 8) Garantías para la designación de autoridades
y candidatos de los partidos políticos, según los principios
democráticos y sin discriminación por género.
Artículo 96.- El Estado no podrá deducir nada de
las remuneraciones de los servidores políticos para el pago de deudas
políticas.
1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento
( 0,19% ) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración
de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República
y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos
podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje.
2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado. 3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley. 4. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar
sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Artículo 97.- Para la discusión y aprobación
de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa
deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de
su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del
total de sus miembros.
Artículo 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho
de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre
que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional
de la República. Los partidos políticos expresarán el
pluralismo político, concurrirán a la formación y manifestación
de la voluntad popular y serán instrumentos fundamentales para la participación
política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán
libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura
interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
CAPITULO III
Artículo 101.- Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos seis años. Un propietario y dos suplentes deberán ser renovados cada dos años, pero podrán ser reelectos. Artículo 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 1) Convocar a elecciones populares; 2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley; 3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral; 4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas Electorales; 5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación; 6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el tribunal por sí o por medio de los delegados que designe; 7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes; 8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación y en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en el inciso anterior; 9) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes. Artículo 103.- Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato. Artículo 104.- Bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones está el Registro Civil, cuyas funciones son: 1) Llevar el Registro Central del Estado Civil y formar las listas de electores; 2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los casos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones; 3) Expedir las cédulas de identidad; 4) Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes. TITULO IX
CAPITULO I
Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo,
el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal
potestad no podrá ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante
ningún convenio o contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el caso
de los tratados, de conformidad con los principios del Derecho Internacional. Artículo 106.- Los Diputados tienen ese carácter
por la Nación y serán elegidos por provincias. Artículo 107.- Los Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelectos en forma sucesiva. Artículo 108.- Para ser Diputado se requiere: 1) Ser ciudadano en ejercicio; 2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residir en el país después de haber obtenido la nacionalidad; 3) Haber cumplido veintiún años de edad. Artículo 109.- No pueden ser elegidos Diputados, ni inscritos como candidatos para esa función: 1) El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección; 2) Los Ministros de Gobierno; 3) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; 4) Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro Civil; 5) Los militares en servicio activo; 6) Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia; 7) Los gerentes de las instituciones autónomas; 8) Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República
hasta el segundo grado consanguinidad o afinidad, inclusive. Artículo 110.- El Diputado no es responsable por las opiniones
que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado
por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado
lo consienta. Artículo 111.- Ningún Diputado podrá aceptar,
después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo
de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo
cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a
la Asamblea al cesar en sus funciones. Artículo 112.- La función legislativa es también
incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección
popular. Artículo 113.- La ley fijará la asignación
y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren para los diputados. Artículo 114.- La Asamblea residirá en la capital de la República, y tanto para trasladar su asiento a otro lugar como para suspender sus sesiones por tiempo determinado, se requerirán dos tercios de votos del total de sus miembros. Artículo 115.- La Asamblea elegirá su Directorio
al iniciar cada legislatura. Artículo 116.- La Asamblea Legislativa se reunirá cada
año el día primero de mayo, aun cuando no haya sido convocada,
y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas en dos períodos:
del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al
treinta de noviembre. Artículo 117.- La Asamblea no podrá efectuar sus
sesiones sin la concurrencia de dos tercios del total de sus miembros. Artículo 118.- El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En éstas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Artículo 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor. Artículo 120.- El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la Asamblea Legislativa, la fuerza de policía que solicite el Presidente de aquélla. CAPITULO II
Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones; 2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas cuando así lo acordare; 3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia; 4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados
públicos y concordatos. 5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos; 6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz; 7) Suspender por votación no menor de los dos tercios
de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública,
los derechos y garantías individuales consignados en los artículos
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión
podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la
totalidad o parte del territorio, y hasta por treinta días; durante
ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar
su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar
su confinamiento en lugares habitados. 8) Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo; 9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento; 10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes; 11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República; 13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales; 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos
públicos de los bienes propios de la Nación. a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radiactivos existentes en el territorio nacional; c) Los servicios inalámbricos. 15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares
que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder
Ejecutivo. 16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones; 17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria; 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones; 19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria; 20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional; 21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia; 22) Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros; 23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier
asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. 24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además,
por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando
a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales,
o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a
los intereses públicos. Artículo 122.- Es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como reconocer a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones. CAPITULO III
Artículo 123.- Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la formación de las leyes corresponde a cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros de Gobierno. Artículo 124.- Todo proyecto para convertirse en ley debe
ser objeto de dos debates, cada uno en distinto día no consecutivo,
obtener la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo,
y publicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio de los requisitos que esta
Constitución establece para casos especiales. No tienen el carácter
de leyes, y por lo tanto, no requieren los trámites anteriores los acuerdos
que se tomen en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5),
6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121,
que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse
en el Diario Oficial. Artículo 125.- Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario de la República. Artículo 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo. Artículo 127.- Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura. Artículo 128.- Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad
no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto
legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva
el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha
en que reciba el expediente. Se tendrán por desechadas las disposiciones
declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea
Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con
el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare
que no contiene disposiciones inconstitucionales. Artículo 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos
desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días
después de su publicación en el Diario Oficial. TITULO X
CAPITULO I
Artículo 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores. Artículo 131.- Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere: 1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio; 2) Ser del estado seglar; 3) Ser mayor de treinta años. Artículo 132.- No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente: 1) El Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante
cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera
ejercido durante la mayor parte de un período constitucional. 2) El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce meses anteriores a la elección, y quien en su lugar hubiera ejercido la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese término; 3) El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente, o hermano de quien ocupe la Presidencia de la República al efectuarse la elección o del que la hubiera desempeñado en cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha; 4) El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a la fecha de la elección; 5) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia,
los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones,
el Director del Registro Civil, los directores o gerentes de las instituciones
autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República. Artículo 133.- La elección de Presidente y Vicepresidente se hará el primer domingo de febrero del año en que debe efectuarse la renovación de estos funcionarios. Artículo 134.- El período presidencial será de
cuatro años. Artículo 135.- Habrá dos Vicepresidentes de la
República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al Presidente,
por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente
podrá llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya. Artículo 136.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República tomarán posesión de sus cargos el día ocho de mayo; y terminado el período constitucional cesarán por el mismo hecho en el ejercicio de los mismos. Artículo 137.- El Presidente y los Vicepresidentes prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa; pero si no pudieren hacerlo ante ella, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 138.- El Presidente y los Vicepresidentes serán
elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda
del cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente
emitidos. CAPITULO II
Artículo 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República: 1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno; 2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial; 3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública; 4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación; 5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos de su viaje. (Reforma Constitucional 7674 de 17 de junio de 1997) Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil; 2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia; 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento; 4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión
de derechos y garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo
121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen
y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión
de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea
a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos
de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías. 5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto; 6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas; 7) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes; 8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos; 9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los tribunales de Justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos; 10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos,
promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa o
por una Asamblea Constituyente, cuando dicha aprobación la exija esta
Constitución. 11) Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones; 12) Dirigir las relaciones internacionales de la República; 13) Recibir a los Jefes de Estado así como a los representantes diplomáticos, y admitir a los Cónsules de otras naciones; 14) Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias; 15) Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional en la oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución; 16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país; 17) Expedir patentes de navegación; 18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes; 19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en
el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva
de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen
exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación
de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado. 20) Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes. CAPITULO III
Artículo 141.- Para el despacho de los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley. Se podrá encargar a un solo Ministro dos a más Carteras. Artículo 142.- Para ser Ministro se requiere: 1) Ser ciudadano en ejercicio; 2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país, después de haber obtenido la nacionalidad; 3) Ser del estado seglar 4) Haber cumplido veinticinco años de edad. Artículo 143.- La función del Ministro es incompatible
con el ejercicio de todo otro cargo público, sea o no de elección
popular, salvo el caso de que leyes especiales les recarguen funciones. Son
aplicables a los Ministros, las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas
en los artículos 110, 111, 112, de esta Constitución, en lo conducente. Artículo 144.- Los Ministros de Gobierno presentarán a la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia. Artículo 145.- Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga. Artículo 146.- Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes
del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente de
la República y del Ministro del ramo y, además en los casos que
esta Constitución establece, la aprobación del Consejo de Gobierno. CAPITULO IV
Artículo 147.- El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y los Ministros, para ejercer, bajo la Presidencia del primero, las siguientes funciones: 1) Solicitar de la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz; 2) Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley; 3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República; 4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo; 5) Resolver los demás negocios que le someta el Presidente de la República quien, si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para que, con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo. CAPITULO V
Artículo 148.- El Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo. Artículo 149.- El Presidente de la República y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que en seguida se indican, serán también conjuntamente responsables: 1) Cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad territorial de la República; 2) Cuando impidan o estorben directa o indirectamente las elecciones populares, o atenten contra los principios de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia o de la libre sucesión presidencial, o contra la libertad, orden o pureza del sufragio; 3) Cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa, o coarten su libertad e independencia; 4) Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las leyes y demás actos legislativos; 5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o cuando obstaculicen en alguna forma las funciones que corresponden a los organismos electorales o a las Municipalidades; 6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa. Artículo 150.- La responsabilidad del que ejerce la Presidencia de la República y de los Ministros de Gobierno por hechos que no impliquen delito, sólo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos y hasta un año después de haber cesado en sus funciones. Artículo 151.- El Presidente, los Vicepresidentes de la República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. TITULO XI
Capítulo Unico Artículo 152.- El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Artículo 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, y contencioso-administrativas así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. Artículo 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. Artículo 155.- Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro. Unicamente los tribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad efféctum videndi. Artículo 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil. Artículo 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada
por los Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; serán
elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas
Salas que indique la ley. La disminución del número de Magistrados,
cualquiera que éste llegue a ser, sólo podrá acordarse
previos todos los trámites dispuestos para las reformas parciales a
esta Constitución. Artículo 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia serán electos por ocho años y se considerarán
reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor
de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa
se acuerde lo contrario. Artículo 159.- Para ser Magistrado se requiere: 1) Ser costarricense por nacimiento, por naturalización, con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por nacimiento; 2) Ser ciudadano en ejercicio; 3) Pertenecer al estado seglar; 4) Ser mayor de treinta y cinco años; 5) Poseer título de abogado, expedido o legalmente reconocido
en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años
por lo menos, salvo que se tratare de funcionarios judiciales con práctica
judicial no menor de cinco años. Artículo 160.- No podrá ser elegido Magistrado quien se halle ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 161.- Es incompatible la calidad de Magistrado con la de funcionario de los otros Supremos Poderes. Artículo 162.- La Corte Suprema de Justicia nombrará a
su presidente, de la nómina de magistrados que la integran, asimismo
nombrará a los presidentes de las diversas salas, todo en la forma y
por el tiempo que señale la ley. Artículo 163.- La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará en una de las diez sesiones anteriores al vencimiento del período respectivo; la reposición, en cualquiera de las ocho posteriores a aquella en que se comunique haber ocurrido una vacante. Artículo 164.- La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de los Magistrados serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los Magistrados suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en uno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios, que no son aplicables a los suplentes. Artículo 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los tercios del total de sus miembros. Artículo 166.- En cuanto a lo que no esté previsto por esta Constitución, la ley señalará la jurisdicción, el número y la duración de los tribunales, así como sus atribuciones, los principios a los cuales deben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad. Artículo 167.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea. TITULO XII
Capítulo Unico Artículo 168.- Para los efectos de la Administración
Pública el territorio nacional se divide en provincias, éstas
en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones
especiales. Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. Artículo 171.- Los regidores Municipales serán
elegidos por cuatro años y desempeñarán sus cargos obligatoriamente. Artículo 172.- Cada distrito estará representado ante la Municipalidad del respectivo cantón por un Síndico propietario y un suplente, con voz pero sin voto. Artículo 173.- Los acuerdos municipales podrán ser: 1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado; 2) Recurridos por cualquier interesado. Artículo 174.- La ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles. Artículo 175.- Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución. TITULO XIII
CAPITULO I
Artículo 176.- El presupuesto ordinario de la República
comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados, de la
administración pública, durante el año económico.
En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder
el de los ingresos probables. Artículo 177.- La preparación del proyecto ordinario
corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado en
la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la República,
para un período de seis años. Este Departamento tendrá autoridad
para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos
formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema
de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente
el Presidente de la República. Los gastos presupuestados por el Tribunal
Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podrán ser
objetados por el Departamento a que se refiere este artículo. Artículo 178.- El proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la Ley de Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo año. Artículo 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos. Artículo 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios
constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos
para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo
podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. Artículo 181.- El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el primero de mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa. Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. CAPITULO II
Artículo 183.- La Contraloría General de la República
es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia
de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional
y administrativa en el desempeño de sus labores. Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; 4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos; 5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen. CAPITULO III
Artículo 185.- La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales. Artículo 186.- La Tesorería está a cargo de un Tesorero Nacional y de un Subtesorero. Ambos funcionarios gozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley. Los nombramiento se harán en Consejo de Gobierno, por períodos de cuatro años, y sólo podrán ser removidos estos funcionarios por justa causa. Artículo 187.- Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional
que no se refiera a sueldos del personal permanente de la Administración
Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en
el Diario Oficial. TITULO XIV
Capítulo Unico Artículo 188.- Las instituciones autónomas del
Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley
en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión. Artículo 189.- Son instituciones autónomas: 1) Los Bancos del Estado; 2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros. Artículo 190.- Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla. TITULO XV
Capítulo Unico Artículo 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Artículo 193.- El Presidente de la República, los Ministros de Gobierno y los funcionarios que manejen fondos públicos, están obligados a declarar sus bienes, los cuales deben ser valorados, todo conforme a la ley. TITULO XVI
Capítulo Unico Artículo 194.- El juramento que deben prestar los funcionarios
públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta
Constitución es el siguiente: TITULO XVII
Capítulo Unico Artículo 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones: 1) La proposición en que se pida la reforma de uno o más artículos debe presentarse a la Asamblea en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados; 2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a discusión; 3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada
por mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine en un término
de hasta veinte días hábiles; 4) Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea; 5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo; 6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendándolo; 7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia. Artículo 196.- La reforma general de esta Constitución,
sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al
efecto. La ley que haga esa convocatoria, deberá ser aprobada por votación
no menor de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa
y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. TITULO XVIII
Capítulo Unico Artículo 197.- Esta Constitución entrará en plena vigencia el ocho de noviembre de 1949, y deroga las anteriores. Se mantiene en vigor el ordenamiento jurídico existente, mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado expresa o implícitamente por la presente Constitución. DISPOSICIONES TRANSITORIAS (Artículo 10).- La Sala que se crea en el artículo
10 estará integrada por siete magistrados y por los suplentes que determine
la ley, que serán elegidos por la Asamblea Legislativa por votación
no menor de los dos tercios de sus miembros. La Asamblea Legislativa hará el
nombramiento de los miembros de la Sala dentro de las diez sesiones siguientes
a la publicación de la presente ley; dos de ellos los escogerá de
entre los miembros de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuya
integración quedará así reducida. (Artículo 78).- Mientras no sea promulgada la
ley a que se refiere el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución,
el producto interno bruto se determinará conforme al procedimiento que
el Poder Ejecutivo establezca por decreto. (Artículo 85).- Durante el quinquenio
de 1981-1985, la distribución del fondo especial, a que se refiere este artículo,
se hará de la siguiente manera: 59% para la Universidad de Costa Rica;
11.5% para el Instituto Tecnológico de Costa Rica; 23.5% para la Universidad
Nacional y 6% para la Universidad Estatal a Distancia. (Artículo 100).- La elección de los tres nuevos
Magistrados suplentes se hará dentro de los dos meses siguientes a
la promulgación de esta reforma constitucional; en ese acto la Corte
Suprema de Justicia mediante sorteo, fijará la fecha en que vencerá el
período de cada uno de esos suplentes, de manera que coincida con el
vencimiento de los períodos de los suplentes elegidos antes de la presente
reforma y que en lo sucesivo pueda procederse a elegir cada dos años
a dos de los suplentes. (Artículo 116).- La Asamblea Legislativa que se elija en las elecciones que habrán de verificarse en el mes de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, de acuerdo con la convocatoria que al efecto hará el Tribunal Supremo de Elecciones, se instalará el ocho de noviembre de ese año, y cesará en sus funciones el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres. El Presidente de la República, los Vicepresidentes y los Diputados a la Asamblea Legislativa que resulten elegidos en los comicios de mil novecientos cincuenta y tres, cuya fecha señalará oportunamente el Tribunal Supremo de Elecciones, ejercerán sus cargos por cuatro años y medio, o sea: el Presidente y los Vicepresidentes desde el ocho de noviembre de ese año hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho y los Diputados desde el primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres hasta el treinta de abril de mil novecientos cincuenta y ocho, con el propósito de que en lo sucesivo el período presidencial se inicie el ocho de mayo, la Asamblea Legislativa se instale el primero de ese mes, y las elecciones presidenciales y de diputados se verifiquen en febrero, todo del año correspondiente. (Artículo 132, inciso 1).- Los actuales
ex Presidentes de la República podrán ser reelectos por una sola vez, con arreglo
a las disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma. (Artículo 141).- Los Ministros de Gobierno que se nombren al iniciarse el próximo período presidencial tendrán las funciones determinadas en las leyes existentes sobre Secretarías de Estado, mientras no se legisle sobre la materia. (Artículo 171).- Los Regidores Municipales que resulten
electos en las elecciones de febrero de mil novecientos sesenta y dos, ejercerán
sus cargos desde el primero de julio de mil novecientos sesenta y dos hasta
el treinta de abril de mil novecientos sesenta y seis. (Artículo 177).- El porcentaje a que
se refiere el artículo
177 para el Presupuesto del Poder Judicial se fijará en una suma no
menor del tres y un cuarto por ciento para el año 1958; en una suma
no menor del cuatro por ciento para el año 1959 y en una suma no menor
del uno por ciento más para cada uno de los años posteriores,
hasta alcanzar el mínimo del seis por ciento indicado. (Artículo 177, párrafo Tercero).-
La Caja Costarricense de Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos
seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el
régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años,
contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional.  |
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